El exsocio de Urdangarin paga los 113.800 euros que debía a Hacienda

La Agencia Tributaria ha presentado un escrito ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, en el que certifica que Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, ha hecho frente al pago de 113.898 euros que debía en relación a sendas declaraciones complementarias del IRPF y del IVA presentadas en septiembre de 2011, según la documentación de Hacienda a la que ha tenido acceso la agencia Europa Press.

El dictamen concreta además en 147.800 euros los ingresos que percibió como rendimientos de actividades económicas. Castro acordó el pasado mes de marzo entregar a Torres hasta un total de 271.272 euros de los fondos que le fueron intervenidos en una cuenta de Luxemburgo, después de que el imputado presentase un escrito en el que alegaba la necesidad de disponer del dinero ante los "gravísimos problemas" que atraviesa y que afectan a su "propia subsistencia personal".

Entre esos gastos, el abogado de Torres, Manuel González Peeters, mencionaba la necesidad de saldar las deudas por importe de 113.898 euros que mantenía con la AEAT, además de los relativos a alimentación, costes de la defensa jurídica, pólizas de seguro, hipoteca y escolarización, entre otros.

Mediante una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aceptaba así entregar el dinero a Torres "exclusivamente para hacer frente a las necesidades" esgrimidas por el encausado, a quien instaba a rendir cuenta ante el Juzgado de la aplicación de estos fondos.

En concreto, el dinero fue intervenido en los registros efectuados en la sede del Instituto Nóos y de otras empresas del entramado el 7 de noviembre de 2011, y se halla en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado. Unos 900.000 euros fueron localizados por los investigadores en el Credit Suisse de Luxemburgo. En septiembre de 2013, Castro libró una nueva comisión rogatoria a Luxemburgo a fin de proceder al desbloqueo del dinero.

Según el letrado, tanto Torres como la mujer de éste, Ana María Tejeiro, se encuentran desde septiembre de 2011 "sin la posibilidad de obtener ingreso alguno derivado de actividades profesionales, dado que resulta de todo punto imposible su acceso al mercado de trabajo, más aún en una época de extraordinaria y severa crisis en todos los sentidos del término".

Una situación que, añadía González Peeters, "provoca no sólo gravísimos problemas que alcanzan a su propia subsistencia personal, haciéndola insostenible, sino que además hace peligrar seriamente el mantenimiento de los bienes inmobiliarios" que el matrimonio ofreció en garantía para hacer frente a la fianza civil conjunta de 8,2 millones (posteriormente rebajada a 6,1 millones) que decretó el juez Castro contra Torres y Urdangarin, "a la par que hace inviable el poder afrontar las deudas que mantienen".

Precisamente, el exsocio de Urdangarin, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros "de toda la vida", justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que "dudaba de la fiabilidad" del sistema bancario andorrano. Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.

El juez y el fiscal acusan a Torres y Urdangarin de haber malversado seis millones de euros de fondos públicos. Ambos exsocios tienen señalada una fianza de 6,2 millones de responsabilidad civil para hacer frente al retorno del dinero público tras una posible condena. Esta fianza se ha concretado con el embargo preventivo de bienes, en especial la mitad del ‘palacete’ de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.